Benalmádena pone precio a la urgencia: apagar fuegos ya no es gratis.
Señores, agárrense. Que lo que parecía impensable ya es norma. Benalmádena, ese rincón soleado que uno asociaba a mar, tapas y tranquilidad, se ha colado en titulares por lo que muchos consideran un despropósito con acento oficial. El Ayuntamiento ha decidido que la intervención de los bomberos deje de ser gratuita. Y lo ha hecho sin medias tintas: si hay que acudir a apagar un incendio, rescatar a alguien de un vehículo o solucionar una fuga peligrosa… que pase por caja.
¿Solidaridad institucional? No. Lo que hay ahora es un tarifario. Una lista clara, precisa y fría como el acero de un hacha contra incendios. En ella se detallan los precios de cada intervención de los servicios de emergencia. Desde los 150 euros por desplazamientos básicos hasta cifras que van subiendo conforme lo haga el riesgo, la complejidad o la duración del operativo.
El Ayuntamiento no se ha andado con rodeos. Argumenta que estas tasas son necesarias para compensar el gasto público que suponen estas intervenciones. Que no se trata de cobrar por cobrar, sino de recuperar inversión. Que no se penaliza a nadie, sino que se optimiza. Pero, claro, en la práctica, al ciudadano se le queda cara de “esto ya lo pago con mis impuestos”.
Porque esto no es pedir una copia del padrón ni renovar el DNI. Estamos hablando de servicios de emergencia. De vidas en riesgo. De momentos en los que uno no piensa en dinero, sino en salir con vida. Y ahora, según la ordenanza, también habrá que pensar en la factura.
Y aquí llegamos a un punto clave. Porque si el ciudadano empieza a ver que el auxilio le cuesta, lógicamente buscará protegerse por su cuenta. Y es aquí donde entra en juego el precio extintor 6 kg, un elemento que debería ser tan habitual como la escoba. Este modelo, ideal para viviendas, oficinas o pequeños comercios, oscila entre los 25 y 50 euros, dependiendo de la marca y las características técnicas.
Es un desembolso razonable si se compara con los posibles costes municipales. Pero el problema está en que no todos tienen uno. Ni todos saben usarlo. La cultura preventiva en España es escasa. Se confía más en la reacción que en la anticipación. Y ahora, con esta medida, muchos comenzarán a pensar en cómo evitar llamar a los bomberos… aunque el fuego ya esté en la cocina.
El extintor es, a menudo, el gran ignorado del hogar o la empresa. Está ahí, colgado, polvoriento, vencido. Nadie lo revisa. Nadie lo prueba. Nadie lo toca. Hasta que llega el día en que se le necesita. Entonces, claro, vienen las carreras, los nervios y la llamada a emergencias. Y ahora, además, vendrá también la tasa.
La paradoja es que un pequeño fuego puede apagarse en segundos con el uso adecuado de un extintor en buen estado. Pero si se deja avanzar, si se propaga, si genera humo… entonces toca intervención completa. Y ahí ya se habla de camiones, escaleras, espuma y… euros.
más info sobre extintores abc se requiere hoy más que nunca, ya que estos son los más comunes en entornos domésticos y comerciales. Su eficacia abarca tres tipos de fuego: materiales sólidos (A), líquidos inflamables (B) y gases combustibles (C). Son versátiles, seguros y fáciles de usar. Pero necesitan mantenimiento. Cada año deben revisarse, y cada cinco, someterse a prueba de presión.
Colocar uno en casa no es solo cumplir con una medida de precaución, es una inversión en tranquilidad. Y viendo el panorama municipal, también es una inversión que puede evitar una buena factura.
La ordenanza de Benalmádena incluye una serie de exenciones. No se cobrará por actuaciones en catástrofes naturales, servicios a personas sin recursos o falsas alarmas bien justificadas. Pero sí habrá cobro por servicios efectivos, incluso si fueron solicitados con buena fe y sin intención de abuso.
Esto significa que una fuga de gas accidental, un incendio eléctrico o el rescate de una mascota atrapada puede acabar costando dinero. Dinero que, muchas veces, el ciudadano no tiene presupuestado. Porque nadie piensa en pagar por una emergencia. Es algo que se asume cubierto por el sistema.
No se trata solo de esta medida en concreto. El verdadero problema es el precedente. Porque si ahora se cobra por apagar fuegos, ¿qué será lo siguiente? ¿Cobrar por retirar una rama caída? ¿Por rescatar a un senderista extraviado? ¿Por asistir en carretera durante una riada?
Se abre un camino peligroso, en el que los servicios esenciales pasan a medirse en euros y no en derechos. Y eso erosiona la confianza ciudadana, deteriora la imagen institucional y fomenta el “sálvese quien pueda”.
Informarse. Exigir transparencia. Tomar medidas preventivas. La instalación de un buen extintor, la revisión de instalaciones eléctricas, el conocimiento de normas básicas de actuación en emergencias… Todo suma. Pero también suma la presión cívica. Preguntar en el Ayuntamiento. Solicitar informes. Exigir explicaciones.
Porque el ciudadano no es solo un contribuyente: es un ser humano con derecho a ser protegido sin condiciones. Y no se trata de rechazar todo lo que implique coste, sino de entender si es justo, proporcionado y razonable.